Sin claridad, Ley de Ingresos que establece cobro por servicios a personas violentadas, coinciden CEDH y ONG´S

Morelia, Michoacán.- Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la asociación civil Humanas Sin Violencia, la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, aprobado el día de ayer por el pleno del Congreso estatal, muestra poca claridad en cuanto al cobro por prestaciones de servicios de la Procuraduría General de Justicia del Estado dirigidos, presuntamente, a personas violentadas que acuden a realizarse pruebas médicas o psicológicas.

Gerardo Herrera Pérez, Coordinador de Estudios, Capacitación y Divulgación de la CEDH de Michoacán, señaló que la ambigüedad en el documento aprobado por los legisladores “sí genera súbito si no se hacen las precisiones correspondientes, tal como se presentó (la Ley de Ingresos) pareciera ser que en efecto, va a haber un cobro por las certificaciones médicas o psicológicas y de acompañamiento a los hogares donde se haya dado la violencia cada vez que una mujer violentada, que también puede ser un hombre, quisiera poner una denuncia y que se armara una carpeta de investigación”, dijo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló a través de un comuicado que los cobros establecidos en la Ley de Ingresos no van dirigidos a las víctimas que asisten a la dependencia para presentar denuncias, sino a personas que requieren de algun análisis o certificación y que no forman parte de una denuncia o investigación, por ejemplo: una prueba de ADN para exigir reconocimiento de paternidad; una constancia de no antecedentes penales para accesar a un empleo o un certificado psicológico para ingresar a una institución educativa.

En ese sentir, Gerardo Herrera señaló que ante la CEDH no existe ninguna queja relacionada con este tipo de cobros; en su entendimiento, refirió, dichas cuotas no se aplican a las víctimas que se someten a valoraciones para poder exigir justicia si no a terceras personas que podrían estar interesadas en esa misma valoración.

Por su parte, Lucero Circe López Riofrío, fundadora de la organización Huamanas sin violencia coincidió en que falta claridad en cuanto a las condiciones en las que se harían los cobros, por lo que evitó emitir una postura al respecto, aunque realizó observaciones que dejarían en desventaja a las mujeres que solicitan los servicios de la PGJE.

“Vi el catálogo de los cobros, la prueba de paternidad nos preocupa mucho porque regularmente la carga (económica) de la prueba es para quien está reclamando al otro que se haga cargo de la paternidad del hijo o hija, que casi siempre son las mujeres, y esa es una situación de violencia… Otros no me quedan claro, por ejemplo cuando se entrega una orden de protección tienen que hacerse varias visitas para saber que el tipo (agresor) no se ha acercado y ahora podrían pagar por ello”, expuso Circe López.

Otras organizaciones feministas también optaron por reservar sus comentarios respecto a los cobros hasta no tener certeza sobre la aplicación de los mismos. De igual forma, la CEDH esperará ver la publicación de la citada Ley en el Periódico Oficial para analizar si en ella va implícita alguna situación que constitiya una violación a los Derechos Humanos de las víctimas que amerite un llamamiento a los legisladores locales o a la Fiscalía estatal.

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