¿A quién compete la educación?

En la época de la comida rápida, del tiempo medido la  para la procucción, de los quince minutos de fama, del twiter y la fugacidad del pensamiento, es imposible pensar el futuro como posibilidad de largo plazo. Por desgracia, a pesar de lo que digan los funcionarios educativos, que no suelen ser autoridad en el tema, la educación ha sido atada al mismo carro; y todos somos espectadores, inconcientes, de este tsunami anti histórico.

La razón utilitaria de las autoridades educativas y su pragmatismo político, se ajustan miserablemente a las políticas evaluadoras de lo inmediato; esa forma de creer y querer hacer creer que el resultado, rápido, de la memorización, aunque por decreto quieren infundirle el espíritu crítico, es la prueba eficiente de lo que tendremos en el futuro.

No podemos negar que el futuro de la educación está en riesgo, pero no es solamente a causa de los maestros, en donde se combina, o se desarticulan, vocación, formación profesional y condiciones laborales, para hacer frente a los estudiantes que, lejos de ser una comunidad homogénea, se caracteriza por su diversidad socioeconómica, cultural y étnica.

Si queremos trabajar realmente por una reforma educativa que integre las diferentes modalidades y niveles de formación escolar, deberíamos empezar por integrar a la nación, a sus actores en la idea de la diversidad cultual,  la integridad moral de las autoridades y en la consolidación de la vocación y profesionalismo de la planta docente; más allá de las aspiraciones electorales de los funcionarios públicos, esto solamente se puede dar a través de las instituciones de educación superior encargadas de la formación docente, en las cual se haría manifiesto el historial académico de cada aspirante; evaluación curricular, actividades extraescolares, tesis o mecanismo mediante el cual obtuvo el grado académico, examen de aptitudes para enfrentar situaciones hipotéticamente dispares de enseñanza-aprendizaje, deben ser los ingredientes mínimos o suficientes para determinar si un aspirante a ocupar una plaza de docente está en condiciones de posibilidad o no.

Las condiciones laborales simplemente deberían cubrir los preceptos constitucionales de trabajo y salario digno, así como apegarse a leyes justas en cuanto a permanencia y promoción garantizadas según el desempeño profesional, antigüedad y mecanismos institucionales de mejoramiento en la calidad de la formación profesional y su actualización constante.

En este entorno imaginario, indudablemente somos los investigadores, trabajando de cerca con los docentes, los que tenemos la responsabilidad de informarnos, analizar, cuestionar y difundir lo que sucede en nuestro entorno y en otras latitudes, con la finalidad de marcar el rumbo de los procesos educativos, su pertinencia o, en su defecto, corregirlos en el contexto del devenir socioeconómico y cultural.

Esta no es tarea de la burocracia ni de ignorantes legisladores que, las fotos públicas así lo demuestran, aprovechan los recintos legislativos para dormir, levantar la mano, cobrar y seguir durmiendo.

Sin lugar adudas, un trabajador que no cumple con la encomienda para la que fue contratado debe ser reemplazado. Esto aplica para los legisladores, gobernantes y directivos en el  ámbito de la función pública. Pero también para los que tenemos la responsabilidad de afrontar de la  mejor manera los  problemas derivados del quehacer educativo, en cualquiera de sus niveles.

[1] Docente-investigador del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

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