Pueblos indígenas de Michoacán, cinco años sufriendo recorte presupuestal

En los últimos cinco años, el Gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán, han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para la “atención integral y sustentable” de los pueblos indígenas, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 22 millones asignados para el 2018, lo que profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias. En síntesis, sin importar la filiación política del gobierno en turno, han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias.

Históricamente, el presupuesto para la “atención integral y sustentable” de los pueblos y comunidades originarias, ya sea mediante la desaparecida Secretaría de los Pueblos Indígenas o la recién creada Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha padecido una reducción brutal, durante el año 2014, el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, destinaron la cantidad de $114,043,717; en el 2015 el presupuesto fue de $108,852,089; para el 2016 el monto se redujo a $103,627,453; en el 2017 el capital disminuyó a $68,465,885; y para el 2018, el presupuesto será por la cantidad de 22,409,289. (Fuente: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). En todos los casos, el presupuesto reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.4% del total del presupuesto asignado a las dependencias estatales, a todas luces es un capital miserable.

Estos presupuestos son en sumo grado discriminatorios, deficientes e injustos con las comunidades originarias de Michoacán, porque no corresponden con el número de habitantes que hablan un idioma materno, mismos que ascendían en 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán (Censo de Población y Vivienda 2010/INEGI). Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del presupuesto de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, esto en el menor de los casos y sin observar los criterios constitucionales de conciencia de identidad indígena, autoidentidad y autoadscripción, que elevarían a más de 600 mil a los habitantes de los pueblos indígenas.

La disminución del presupuesto para las comunidades originarias, inició con la administración de Fausto Vallejo Figueroa y se exacerbó con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, esto a pesar de que se mantiene una deuda histórica con las comunidades originarias, son los más discriminados entre los discriminados, los más excluidos entre los excluidos y los más pobres entre los pobres, según las propias fuentes oficiales, 7 de cada 10 indígenas se encuentran en la pobreza (INEGI /2015), el porcentaje de niños indígenas de entre 3 y 5 años que no asiste a la escuela es de 64.4%, así mismo, un 23% de hablantes de lenguas originarias, son analfabetas. En materia laboral, el 37.7% de los indígenas se desempeñan como empleados u obreros, el 28.7% trabajan por su cuenta y el 11.5% trabaja en el campo como peones o jornaleros (Banco Interamericano de Desarrollo / 2016). Por otro lado, 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – Occidente / 2016) y en materia de vivienda, el 12.8% de las viviendas indígenas carecen de agua entubada, el 26.9% no cuentan con servicios de saneamiento y el 4.4% aún no disponen de luz eléctrica, de igual forma, en el 13.9% de las viviendas hay piso de tierra y en el 58.8% de ellas se cocina con leña o carbón (CDI Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México / 2015).

En perspectiva, las políticas públicas del Estado mexicano para las comunidades originarias son insuficientes, discriminatorias, paternalistas y violatorias de derechos. Son insuficientes porque no corresponden con su número de habitantes, son discriminatorias porque se prioriza el desarrollo de las ciudades en detrimento de las comunidades, son paternalistas porque excluyen a la población indígena en la elaboración de las políticas públicas, y son violatorias de derechos porque no los consultan de manera previa, libre e informada sobre medidas administrativas o legislativas que les afectan.

En los hechos, más allá del lenguaje oficial, la disminución del presupuesto asignado para la atención de las comunidades originarias, demuestra una miopía social de los gobernantes en turno, una total falta de visión, interés y apoyo para los pueblos originarios, toda vez que de ninguna manera, destinan los capitales suficientes para la atención y resolución de los ancestrales problemas de las comunidades originarias. En este sentido, el único camino que dejan a las comunidades indígenas, es la movilización social para exigir sus derechos y obtener reivindicaciones sociales.

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