A propósito de los observadores electorales

En México la legislación federal y la local de Michoacán no establecen de manera específica la definición de lo que es la observación electoral, y es a partir de las atribuciones legales sobre lo que pueden realizar los observadores como se puede tener claridad de lo que son y para qué sirven

El artículo octavo de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su segundo párrafo que es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente.

El Capítulo VII de la referida Ley es el destinado al tema de la observación electoral, criterios a los que se ajusta también el Código Electoral del Estado.
Ahí se establece que los ciudadanos que quieran ser observadores electorales pueden participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral.

Asimismo se deben de abstener de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas; hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno; externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos, ni declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana, y los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar ante las autoridades comiciales la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega.

Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral un informe de sus actividades en los términos y tiempos establecidos por la autoridad electoral, en ningún caso sus informes, juicios, opiniones o conclusiones tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días después de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten a a la autoridad electoral.

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