Nuevo intento en Michoacán para legislar sobre desaparición forzada

En Michoacán existe un nuevo intento por crear un marco normativo específico sobre desaparición forzada, ahora es la bancada del PT en el Congreso local la que propone una ley reglamentaria al respecto.

La desaparición forzada de personas en Michoacán está previsto en el Código Penal del Estado en su artículo 173, pero no existe una ley específica que atienda el asunto. A nivel federal en octubre pasado se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán se empezó a hablar de la posibilidad de crear una Ley específica en materia de desaparición forzada. En 2002 se creó una Comisión de la Verdad la cual malograría los trabajos por diferencias entre sus integrantes, además su labor se enfocaban fundamentalmente en investigar los casos de la llamada Guerra Sucia en México y de la desaparición de perredistas todo ello entre las décadas de los 60 y 90.

Posteriormente las organizaciones de familiares de detenidos-desaparecidos intensificarían la exigencia de legislar al respecto, fundamentalmente luego de la llamada Guerra contra el Narcotráfico echada a andar en el sexenio de Felipe Calderón y que trajo excesos de las fuerzas de seguridad y con ello el aumento de los casos de desapariciones.

Finalmente se lograría la incorporación en el Código Penal del Estado de un tipo específico para las desapariciones forzadas, de manera que éstas no fueran atendidas como secuestro al momento de ser investigadas.

Tras la aprobación el mes pasado de la Ley General, ahora se plantea crear una norma específica en la materia en Michoacán.
La iniciativa elaborada por la petista Mari Carmen Bernal Jiménez señala en su exposición de motivos que en nuestro país solo se han emitido en el ámbito federal seis sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, esto, de conformidad a lo que informó México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas apenas en 2014.

“Lo anterior, como resultado de las reiteradas quejas de los familiares de las víctimas hacia los mecanismos de presentación de querellas y de acceso a la justicia, como se indica en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de diversas problemáticas que adolecen las instituciones de procuración de justicia”.

Refiere que el carácter distintivo de la desaparición forzada de personas respecto a otras formas de privación de la libertad, consiste básicamente que ésta se ejecute o pretenda ejecutar, no únicamente por particulares, sino por servidores públicos y por supuesto que también por personas o grupos de personas que con la autorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, priven de la libertad a una persona o grupo de personas, que luego de la privación de libertad, sea ésta legal o ilegal, los agentes estatales se nieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la víctima.

Es así como se considera necesario regular en materia de desapariciones forzadas en Michoacán, “estableciendo una norma integral que comprenda un concepto del delito que contenga todos los elementos constitutivos del ilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmente por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, estableciendo penas severas, que coadyuven a la erradicación de estas abominables prácticas en nuestro Estado y la protección de los Derecho Humanos de todos los gobernados”.

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