Nepotismo, desvío de recursos y autoritarismo, causa de enjuiciamiento a ediles michoacanos

Morelia, Michoacán. En Michoacán el nepotismo, el desvío de recursos públicos y el autoritarismo son las causas principales que motivan las solicitudes de juicio político contra los ediles, las que en los dos últimos años han proliferado ante el Congreso local.

Pocos son los juicios políticos que en Michoacán han acabado en castigo contra los señalados, y generalmente se dan por situaciones de extrema presión social que orillan al Poder Legislativo a tomar una decisión.

Sólo cinco juicios políticos han procedido en Michoacán, de los cuales dos han sido atendidos por la actual Legislatura, misma que ha procedido a la inhabilitación de los ediles acusados.

La promoción de juicios políticos es cada vez más frecuente a tal punto que, en esta Legislatura se han presentado ocho solicitudes.

Sancionados e inhabilitados

En 2003 tras la alternancia en el poder michoacano, empezaría a ser frecuente la promoción de juicios políticos a ediles o autoridades con la idea de que éstos pudieran proceder. Las resistencias en el Congreso para dar cauce a estas solicitudes permanece de entonces a la fecha, y generalmente se busca el acuerdo político y no la salida legal.

El 13 de noviembre de 2003 el Congreso local declaró la revocación del mandato contra todos los integrantes del Cabildo de Ario de Rosales y procedió a nombrar uno interino. Meses antes el alcalde Juan Martín Merino Castillo, había sido desconocido por el cuerpo edilicio por presuntas irregularidades. Tal situación llegó al Congreso y fue rechazada por el pleno ya que las autoridades municipales no tenían facultades legales para desconocer al alcalde.

Meses después ocho regidores presentaron juicio político contra el edil, quien respondió con otra solicitud similar en su contra. El Congreso incluso mandató a la Auditoría Superior de Michoacán revisar las cuentas municipales para tomar su decisión, ahí quedó de manifiesto una serie de irregularidades cometidas por las autoridades municipales, en especial por el oficial mayor del lugar.

Pasaron ocho años para que en el Congreso local se declarara la procedencia de otro juicio político y se emitiera sanción a la autoridad señalada.

En septiembre de 2009 síndico y regidores presentarían la solicitud al Congreso contra la alcaldesa de Uruapan, María Dóddoli Murguía, quien los destituyó de sus cargos sin facultad y mandó llamar a sus suplentes. Lo diputados tardaron dos años en resolver el asunto, por lo que en marzo de 2011 emitió la procedencia del juicio político. Dóddoli ya no era presidenta municipal por lo que los legisladores procedieron a inhabilitarla por tres años.

El mismo día la Cámara resolvió el caso Dóddoli y el caso Tzintzuntzan, éste último también de juicio político.

Los diputados aprobarían la destitución de siete de los integrantes del Cabildo de Tzintzuntzan, a quienes además, junto con el extesorero municipal, inhabilitó por tres años. Al munícipe J. Abel Martínez Rojas lo destituiría del cargo y lo inhabilitaría por tres años.

Regidores y síndico habían promovido el juicio político contra Abel Martínez por malos manejos de recursos, como respuesta el munícipe promovió juicio contra quienes lo denunciaban y el Congreso, salomónico optó por destituir a todos.

Inconformes síndico y regidores promoverían controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso, la cual les concedería la razón por lo que la decisión de la Cámara local de destituirlos e inhabilitarlos a ellos quedaría sin efectos.

La pasada Legislatura local, la LXXII optó por no meterse en problemas y no llevó hasta el final ningún juicio político, ya que aquellos con visos a ser procedentes prefirió heredarlos para que los resolvieran los actuales diputados.

Es así como el 15 de julio de 2016 el Congreso local erigido en Gran Jurado de Sentencia, concediera razón a la solicitud de juicio político que promovieron en 2015 exsíndico y exregidores y determina inhabilitar por tres años al exalcalde de Vista Hermosa, Francisco Omar Corza Gallegos, al considerar que incurrió en quebranto a la hacienda pública municipal por alrededor de cuatro millones de pesos.

El otro asunto heredado por su antecesora a la LXXIII Legislatura fue el del exalcalde de Zitácuaro, Francisco Campos Ponce, acusado por ciudadanos del lugar de nepotismo y manejo irregular de las cuotas del ISSSTE.

El pasado 14 de julio la Cámara se erigió en Jurado de Sentencia para resolver el asunto y determinó inhabilitarlo por dos años para ocupar cualquier cargo público.

Promovidos en esta Legislatura

En julio de 2016 argumentando diversas irregularidades, entre ellas la presunción de desviación de recursos públicos, síndico y regidores del municipio de Gabriel Zamora presentan solicitud de juicio político contra del alcalde Francisco Villanueva.

En el escrito argumentan que desde el inicio de la actual administración han recibido insultos verbales y físicos así como amenazas por parte del secretario del ayuntamiento, y que en rendición de cuentas al alcalde les ha negado todo tipo de información financiera, económica y fiscal.

También en julio de ese año tres ciudadanas presentarían denuncia de juicio político en contra de la exalcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, así como de José Luis Magaña Barbosa ex oficial mayor, y Atahualpa Ventura Orozco exdirector del Sistema de Agua Potable, por no haber dotado durante cuatro meses del servicio de agua a vecinos de la Colonia Ramírez. La Cámara determinaría improcedente la solicitud.

Para febrero de 2017 el Movimiento Antorchista presentaría solicitud de juicio político contra el alcalde de Hidalgo, Rubén Padilla Soto por agresivo y por una serie de hechos violentos.

Tres meses después, en mayo pasado el consejero Daniel Chávez García del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó solicitud de juicio político en contra del presidente del organismo Ulises Merino García por la remoción irregular de personal y la designación unilateral del contralor, sin embargo el asunto no procedió debido a que Chávez García no retornó a ratificar su denuncia.

El caso de la denuncia de juicio político contra el alcalde de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez también arribó en mayo al Congreso, el cual ya determinó el “ha lugar” para que se proceda al análisis de fondo.

La denuncia promovida por ciudadanos señala al munícipe por incurrir en actos de nepotismo transgrediendo lo que establecen las normas.

También en mayo se presentó la solicitud ciudadana de juicio político contra el alcalde de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, así como contra el secretario de Obras, Omar Salas Nicasio, el tesorero Guillermo Godoy Escalante, y el secretario municipal Silvestre Sandoval Nogueda, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La solicitud sería desechada por el Congreso.

En junio de 2017 Selene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, presentó denuncia ante el Congreso en contra del comisionado Salvador Ceja Barrera para que fuera enjuiciado por abandono de trabajo y de sus funciones.

De acuerdo con la denuncia el comisionado no se para a trabajar, tanto que en los últimos cinco meses sólo había asistido a un par de sesiones del Pleno de la Comisión, y lo ha hecho porque en éstas iban a estar presentes representantes de otras dependencias. Finalmente el Congreso determinaría improcedente la solicitud.

Finalmente está el caso del juicio político promovido contra el edil de Maravatío, José Luis Abad Bautista, por actos de nepotismo e irregularidades en el ejercicio de la hacienda municipal.

La solicitud fue presentada por los regidores Angélica Vallejo, Pablo Roberto Cruz, Leopoldo Legal y María Concepción Medina y ya recibió el “ha lugar” en comisiones para que de ahí pase a Pleno, y este a su vez lo turne a la Comisión Jurisdiccional para que arranque la revisión de fondo.

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