La educación no debe ser un recurso político

La política se caracteriza por ser un sistema de deslealtades casi perfecto y esto es suficiente para asumir que no se debe administrar la educación como se administran los recursos político-partidistas.

Esta es una de las razones por las cuales asumo que las instituciones de educación superior, en su pluralidad de propuestas de formación profesional, deberían trabajar de manera coordinada para enfrentar los desfases de la educación y, de igual manera, participar en la formación profesional de los docentes de todos los niveles del sistema educativo.

Si bien es cierto que el conocimiento se presenta como unidad, sus métodos de enseñanza son diversos y, desde el entorno social, puede convertirse en una experiencia rica atendiendo la diversidad cultural y la conciencia empírica de los educandos.

Además, la relevancia de algunos estudios profesionales no siempre está ligada a los criterios de empleabilidad o a competencias laborales, desde la perspectiva de los empleadores; en tal situación se encuentran las humanidades y la mayoría de las ciencias sociales. Sin embargo, esto no hace perder importancia a dichas profesiones, puesto que es a través de ellas que podemos acercarnos al sentido social de grupos humanos específicos o que suelen ser uno de los motores generadores de la cultura y el arte. En este sentido, no está por demás, la obligatoriedad de impulsar que las instituciones de educación superior (IES), al menos las públicas, mantengan programas serios sobre docencia e investigación en educación artística, difusión de las culturas y formación profesional en investigación en ciencias sociales.

En las IES, lo más importante debería ser el impulso a los procesos educativos y culturales, no la política partidista, ni el beneficio de los grupos de poder; aunque en ocasiones aquellos dependen de éstos. Pero no siempre es así; de ahí la importancia de refrendar prioridades, de manera franca y de cara a la sociedad.

Es primordial entender por qué, los políticos prefieren acudir a los expertos en la democratización social, educativa y del conocimiento, en lugar de los investigadores de las IES

a.- El experto forma un bloque que corta el flujo de comunicación entre la autoridad y los ciudadanos
b.- Los expertos pueden privilegiar sus propios intereses y vender ideas revestidas de interés público
c.- Los asuntos públicos se convierten en asuntos de expertos
d.- Los expertos tienen un mejor manejo de los medios de comunicación para lograr sus objetivos político-sociales. Frente a esto, la ciudadanía aparece apenas como un simple consumidor de ideologías a través de dichos medios.

¿Las empresas informativas innovan en cuanto a la forma de presentar sus productos? Volvemos al tema que nos ocupa y nos encontramos con un hecho incontrovertible: hoy la educación en México está relacionada con la delincuencia gubernamental, el espectáculo violento que satura los medios de información, y la indiferencia callejera que resulta de la combinación de aquellos dos elementos. Este es el producto novedoso que compran los consumidores que, con su ignorancia, crean consensos con la iniciativa privada y sus fieles representantes gubernamentales. No es gratuito que asistamos a un hecho insólito; los consensos educativos se dan través de las organizaciones policíacas (llámesele Secretaría de Gobierno) y de la palabra de los expertos que reclaman para sí los derechos civiles, tal es el caso de Mexicanos Primero.

Cuando asumamos a la educación como un derecho efectivo de toda la ciudadanía asumiremos también que la evaluación académica debe iniciar por la evaluación institucional, con el manifiesto propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la actualización curricular, de acuerdo con la dinámica propia del conocimiento y del desarrollo socio-tecnológico y productivo.

Desgraciadamente el concepto que regula hoy los procesos de evaluación responden más a visiones gerencialistas con una perspectiva tecnocrática de lo social y de la regulación de mercados, incluido el educativo y de la gobernabilidad. Esta visión fundamentalmente busca la estandarización de comportamientos institucionales (individuos, grupos, autoridades) con la idea de normar criterios y prácticas que induzcan a una visión hegemónica de la calidad, educativa/institucional perfectamente medible y bajo control. De esta manera, lo que se evalúa es el manejo de la información más que la producción de conocimientos.

En este punto se quiebra la confianza entre partes y empieza a ser cuestionada la gobernabilidad institucional.

Importa la medición (enfoque cuantitativo) no el contexto (enfoque cualitativo), de tal manera que a las autoridades les importa más declarar el porcentaje de docentes que asistieron a la evaluación, que evidenciar las condiciones emocionales (estrés por posibles enfrentamientos y por la posibilidad de reprobar y ser despedidos) a que son sometidos los docentes.

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