Guerra interna tricolor, filtran documentos de inhabilitación a Ixtláhuac

A cuatro días de conocerse que en la fórmula del PRI michoacano para el Senado de la República está Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, fueron filtrados documentos a los medios de comunicación de la Auditoría Superior de Michoacán en donde el exmunícipe de Zitácuaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años y notificado de ello este mes.

Tras difundirse la noticia Ixtláhuac Orihuela contestaría mediante comunicado a los señalamientos.

Las sanciones e inhabilitaciones referidas en el documento de la Auditoría que involucra a autoridades municipales del ayuntamiento de Zitácuaro son por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2009. En el caso de Ixtláhuac sería por los meses de enero a mayo que fungió como alcalde, ya que posteriormente se vería vinculado en el llamado “michoacanazo”.

Cabe apuntar que durante meses se mencionó como “los fuertes” priistas para contender por el Senado, el dirigente estatal del PRI Víctor Silva Tejeda, y la coordinadora parlamentaria del PRI en el Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez.

La sorpresa se dio el domingo 28 de enero cuando ninguno de los dos nombres referidos registró su precandidatura, por el contrario lo hicieron el legislador federal Juan Antonio Ixtlahuac y la legisladora local Xóchitl Gabriela Ruiz González, además de Ana Brasilia Espino Sandoval a quien se le negó el registro el miércoles 30 de enero por no cumplir con los requisitos necesarios.

El mismo miércoles empezó a difundirse en medios de comunicación el documento de la Auditoría sobre la inhabilitación de Ixtláhuac Orihuela y este jueves fue difundido de manera más amplia entre reporteros.

El documento es la cédula de notificación que la Auditoría turna a quienes en su momento fungieron como regidores de Zitácuaro: Andrés Hernández Lindoro, Enrique Colín Ruiz, Sandra Caballero Malváez, María Natividad Correa Merlos, y Javier Jaramillo Serrato quienes, fueron notificados el pasado 24 de enero sobre el asunto.

Ahí se les comunica sobre el procedimiento administrativo de responsabilidades AMPO-026/2014 integrado en su contra obre la cuenta pública 2009, en donde se determinó que no solventaron los 14 pliegos económicos en su contra por un importe total de 39.07 millones de pesos, además de haber solventado de manera parcial otros dos por 1.7 millones.

De los 39.07 millones el documento especifica cuanto corresponde a retribuir al erario a cada exservidor púbico. Entre Ixtlahuac Orihuela y quien lo sucedió en la presidencia municipal ese año, Sonia Angélica Rivas Espitia, así como el extesorero Ricardo González Vázquez, deberán pagar 12.03 millones de pesos, mientras que el resto es distribuido en diferentes montos a otros funcionarios y los propios regidores.

En otro punto donde se alude a Ixtláhuac Orihuela el documento apunta que procede imponer la sanción establecida en el artículo 45, fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a él, Sonia Angélica Rivas y Ricardo González consistente en inhabilitación por tres años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La posición de Ixtláhuac Orihuela sobre este asunto la haría pública este miércoles mediante comunicado en el que asegura es falsa su inhabilitación, lo que –señala demostrará “a la brevedad” y agrega: “por lo tanto, mis derechos políticos de votar y ser votado están intactos y mi postulación al Senado continúa vigente y con más fuerza que nunca”.

Refiere que en 2009 sólo estuvo los cuatro primeros meses del año como alcalde, por lo que no firmó la cuenta pública anual y que no ejerció recursos de obra pública ese año.

Ixtláhuac Orihuela desliza además que no se le puede inhabilitar ya por lo ocurrido ese año, esto al argumentar que el asunto prescribió ya conforme a la Ley de Fiscalización que estaba vigente en 2009 y que establecía un plazo de cuatro años, en tanto que la actual establece siete años.

“El presunto documento de la ASM, presenta enormes carencias y deficiencias formales por demás evidentes, lo cual muestra la simpleza y fragilidad del golpeteo que emprendieron intereses perversos, que se encuentran molestos y muy temerosos por mi postulación al Senado de la República, por mi Partido, el Revolucionario Institucional, porque saben que los priístas habremos de ganar el Senado.

“La presunta inhabilitación es improcedente y todos los actores debemos sujetarnos al proceso y a las instancias correspondientes, es este caso, a los tribunales en materia de justicia administrativa; por lo tanto, públicamente pido que se me respete el debido proceso legal”.

Finalmente remata señalando que “este golpe artero de intereses perversos no habrán de manchar mi carrera política, ni frenar mi camino hacia el Senado de la República”.

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