Desigualdad social y educación

La desigualdad de ingresos –dice la OCDE- es una de las variantes con que se mide la calidad de vida dentro de un país. Estamos jodidos: 53% de los mexicanos viven en la línea de la pobreza.

Esta desigualdad, de vida y de ingresos, según los defensores del modelo neoliberal, puede tener su origen en las fluctuaciones ¨naturales¨ del mercado, de los mecanismos recaudadores del sistema tributario y de la transferencia de capitales (propios del modelo financiero especulativo), de la movilidad de la planta manufacturera o de la corrupción por lavado de dinero, robo del erario público y desvío de fondos destinados a programas sociales y de infraestructra. Estamos jodidos, la experiencia mexicana es la suma de todos estos puntos.

Si observamos con detenimiento, todos estos elementos hacen referencia a problemas estructurales del gobierno y sus políticas de enriquecimiento ilícito, aunque protegido por el sistema judicial y su indebido proceso.

Volvemos al tema de la desigualdad y se hace evidente que, en el caso de México, en todos los niveles de gobierno se trata de ocultar el índice de pobreza mediante el recurso de las becas escolares (con una gran variedad de nombres, aunque ninguna está encaminada a tener efectos positivos en la motivación para el aprendizaje; la causa es sencilla pues su didáctica está encaminada a fortalecer la pedagogía del sometimiento, bajo el disfraz de “detener” la deserción escolar, tan cara para los fines cuantificadores de la evaluación educativa); becas para madres solteras (haciéndolas depender electoralmente del presupuesto gubernamental, en lugar del “macho protector”, sin que esto signifique empoderamiento para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos); becas, con el nombre que sea, para ancianos a los que se les ha negado el derecho a una pensión digna después de una vida de trabajo, lo cual tiene más la figura cristiana de un acto de caridad y que sirve como ejemplo del destino manifiesto de aquellos trabajadores atados ciegamente a las nuevas disposiciones para las jubilaciones futuras).

Es obvio que ninguno de estos programas es productivo y, más allá de las estadísticas sobre ingreso familiar y per capita, no generan condiciones de desarrollo económico para mejorar los niveles de ingreso ni para regular la calidad de vida.

Para la razón instrumental la pobreza es natural para cierto tipo de seres humanos; para el dogma cristiano, la pobreza es la vía propicia y propiciatoria del ejercicio del poder terrenal y divino, vueltos unidad al estilo de la Edad Media) dada la voluntad (de los pobres) para ser gobernados por quienes más tienen, sin importar que pongan sus intereses particulares por encima del bienestar social.

El conjunto de los elementos arriba expuestos, y colocados al margen del discurso de los expertos y administradores en políticas educativas, debe darnos la posibilidad de analizar, comprender y utilizar socialmente de forma positiva el impacto real de las políticas públicas en el desarrollo educativo, así como las perversiones de su racionalidad institucional para afrontar, negar o desviar el devenir del conocimiento de lo social en el desarrollo intelectual de la población escolar y académica en general.

Como lo he señalado en otro momento, el derecho a la educación incluye el derecho a la autodereminación de los pueblos; es decir, la defensa de su cultura, historia, tradiciones, idioma e identidad. Nada de esto es posible cuando, en el caso de México, el gobierno se ha convertido en concesionario de los derechos ciudadanos y, puestos en manos de los empresarios, se tiende a transformar la formación ciudadana en formación de consumidores.

De igual manera, el derecho al trabajo digno se ha reescrito como el derecho a ser explotado libremente, lo cual, obviamente, ha dejado de ser garantía de estabilidad social y de bienestar familiar. El derecho a la explotación está reservado a los empleadores y, con ello, a la concentración de la riqueza. ¿Y en dónde queda la función reguladora del Estado? Siguiendo los dictados de las políticas neoliberales: en mano de concesionarios particulares.

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