99% de impunidad en detenciones arbitrarias en México: Amnistía Internacional

En México las autoridades no reconocen la existencia de las detenciones arbitrarias, pese a que las mismas han crecido y tienden cada vez más a vulnerar a jóvenes de sectores en desventaja económica o incluso por su vestimenta, y que tiene su mayor riesgo en que deviene en casos más graves como la tortura y la desaparición, señaló este miércoles Isel Colorado Peña, responsable de Políticas Públicas de Amnistía Internacional (AI).

El Informe “Falsas Sospechas. Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”, presentado este miércoles por AI en Morelia, reporta un incremento de 99 por ciento en la impunidad sobre casos de desapariciones y torturas, refirió, al igual que destaca las ejecuciones extrajudiciales, y se basa en la documentación sistematizada sobre los casos denunciados y que aceptan incluso operadores de justicia como un ministro de la Suprema Corte, citó, que aceptó la existencia de las detenciones arbitrarias atrás de muchas declaraciones inculpatorias.

En su mayoría, consideró Colorado, las detenciones arbitrarias se enfocan a jóvenes “en situación institucional de discriminación”, por su apariencia física o por su vestimenta. Las detenciones irregulares buscan extorsionar o presentar los casos como evidencia de que hay una investigación sobre casos denunciados, aún y cuando los detenidos no estén relacionados con los mismos.

Además, en las detenciones irregulares, no se le hacen saber al detenido sus derechos, tarea en la que se debe concientizar a los funcionarios públicos. En cuanto a la seguridad personal del detenido, ésta queda sujeta a exámenes médicos practicados irregularmente, como el que ante evidencias de lesiones por tortura o agresión física no las registran, lo que afecta el curso de la investigación procesal, en tanto que en algunos casos el Protocolo de Estambul –que establece la protección del detenido con todos sus derechos-, es aplicado hasta cinco años después de la detención, con lo que México incumple con protocolos ,internacionales firmados al respecto.

En este mismo sentido, dijo que el gobierno mexicano incumple con un registro nacional de detenidos, basados en los informes policiales y el control judicial de la detención, los cuales en muchos de los casos están firmados o autorizados por personas que no participaron en el arresto, con lo que inicia la falta de transparencia en el acceso al registro, en tanto que en el control judicial de la detención subsiste el problema de la prisión preventiva oficiosa, de la cual AI ha solicitado su derogación ante el Congreso de la Unión.

En la sesión de presentación del reporte, celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta capital, Colorado Peña destacó que no hay un perfil específico de la víctima de detenciones arbitrarias, lo mismo se aplican a choferes de taxis que a estudiantes y vendedores ambulantes, y citó el caso del universitario Enrique Guerrero, originario de Guerrero, “arrestado mientras conducía su auto en la Ciudad de México, torturado para inculparse de secuestro; lleva cuatro años detenido”.

La experta en derechos humanos, señaló que otro de los obstáculos para erradicar conductas nocivas en las corporaciones policiales, es que tengan salarios bien remunerados y mejores condiciones de trabajo, que de no ser así se constituyen en “puerta para la corrupción”. Refirió que muchos de los peritajes, diligencias o trabajo de campo a realizar, se ven impedidos por la falta de recursos económicos para el uso de vehículos e infraestructura necesaria. Refirió que en algunos casos de búsqueda de desaparecidos, han sido los familiares de éstos quienes han habilitado la investigación mediante su apoyo económico o material.

La metodología de la investigación en que se basó el reporte Falsas Sospechas, se desarrolló entre febrero del año 2016 y mayo del presente. Se entrevistó a 10 organizaciones defensoras de los derechos humanos y a seis expertos en seguridad pública, policía y derecho; además de entrevistas con operadores de sistemas de justicia, 25, se realizaron 24 entrevistas individuales, que incluyeron a policías, personal de fiscalías y del Poder Judicial, agentes del Ministerio Público y procuradores de Justicia.

En la misma sesión de presentación, se incluyó la participación de los integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, cuyo vocero, Moctezuma Madrigal, hizo un recuento de las omisiones y acciones en contra de sus integrantes.

En una lucha que ya lleva más de 10 años y con siete años de haber interpuesto un juicio para detener la obra del Ramal Camelinas, que no ha sido respondido, además de otras demandas ante instancias incluso como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por permitir daños al patrimonio –como el riesgo a que se exponen los vestigios del inicio del Acueducto, obra monumental de Morelia-, y sólo obtener el silencio de la autoridad, Madrigal refirió que los hechos del pasado 10 de octubre, cuando fue disuelta una reunión vecinal y del MCDL, con la detención arbitraria de dos de sus integrantes, representan la grave violación a los derechos humanos no solo de los activistas sino de los vecinos de la colonia Ocolusen, quienes han soportado siete meses de explosiones en las obras del Túnel 2.

Junto con AI, había indicado Madrigal en entrevista previa con los medios, se buscarán acercamientos a foros internacionales para denunciar la secuela de irregularidades tanto técnicas como legales en la construcción del Ramal Camelinas, aparejadas con las agresiones contra los miembros del MCDL.

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